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Saturday, 19 April 2014
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El hecho más llamativo de la política nacional colombiana durante el mes de marzo, fue la confirmación de la destitución del Alcalde de Bogotá Gustavo Petro por parte del Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo.

                         

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





De forma inmediata, se generó el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidiendo el restablecimiento de Petro como alcalde y el fin de la suspensión por más de una década para ocupar cargos públicos (a través de medidas cautelares ordenadas por la Comisión). Esto hizo que la decisión finalmente acerca de la continuidad o no del burgomaestre recayera en el presidente Juan Manuel Santos. Éste optó por no seguir la recomendación de la CIDH, y por confirmar la salida de Petro, respaldando de paso, la decisión del Consejo de Estado.

Todo el drama que la ciudad vivió desde que la Procuraduría a finales del año pasado anunciara la destitución, hasta todas las acciones emprendidas por la defensa del ex alcalde sumieron a la ciudad en una crisis política de la que difícilmente saldrá en el corto plazo. El desenlace debilitó una vez más a la izquierda, pues las opciones para ocupar cargos de elección popular, seguramente se verán reducidas por la postura asumida por Petro.

Aunque la destitución del Procurador Alejandro Ordoñez era fácilmente rebatible, la intención del ex alcalde de no ceder en su permanencia al frente de Bogotá, terminó por confirmar el escaso sentido de responsabilidad política del que hacen prueba los funcionarios colombianos. Ordoñez jamás debió decidir la salida de Petro, motivada por un manejo errático frente a las basuras, y que tuvo a la ciudad al borde de una emergencia con efectos terribles sobre la población. Lo que debió ocurrir desde el principio es que Gustavo Petro tomara la decisión de renunciar a raíz de lo ocurrido, en un gesto de grandeza. Si algo demostró el ex alcalde en estos meses, es que carece de toda noción de magnanimidad. Esto colmó la paciencia de sectores que incluso lo apoyaron en el comienzo del drama y de allí que la decisión de Santos no haya despertado mayores traumas.

Para agravar la situación, la CIDH en una postura que refleja una lectura equivocada de la situación colombiana, sugirió al presidente Santos desconocer la independencia de poderes y hacer abstracción de la decisión de un alto tribunal. Esta postura habría implicado un antecedente riesgoso para la administración de la justicia en Colombia.

Seguramente, el caso Petro seguirá provocando polémicas que no se agotarán en el corto plazo. Lo que se puede afirmar con contundencia, es que el desenlace favoreció al gobierno en la correlación de fuerzas con miras a las elecciones presidenciales de 2014. El alcalde Gustavo Petro terminó jugando a favor del gobierno al que probablemente le hará oposición en los próximos años.

       

Avances importantes en crecimiento y disminución de la pobreza.

 

 

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

 

En la tercera semana del mes de marzo, el DANE (Departamento Nacional de Estadística) informó a los colombianos el dato relacionado con el desempeño de la economía colombiana en el año completo de 2014. Como es obvio, este resultado se mide a través de la variación (crecimiento o disminución) del PIB en términos reales, descontada la inflación. Este dato fue del 4.3%, que como toda estadística en el campo económico, da lugar a diferentes comentarios e interpretaciones.

El gobierno nacional esperaba o deseaba un porcentaje ligeramente superior (por lo menos 4.5%) pero a pesar de ello, el ministro de Hacienda se declaró satisfecho, dados los efectos que sobre esta región del mundo sigue generando la crisis internacional aún no superada, especialmente por los lados de la Unión Europea. Los menos optimistas apuntaban a un crecimiento inferior al 4.0%, razón de más para que el gobierno no se declare insatisfecho.

Si bien es cierto que el Plan de Desarrollo (2010-2014) correspondiente al período presidencial de Juan Manuel Santos contemplaba una meta anual promedio de crecimiento del 6%, ya en el 2011 quedó claro que esta meta sería inalcanzable y por lo tanto las proyecciones fueron revisadas a la baja. Tal vez lo más positivo del crecimiento del 4.3% en el año completo, haya sido la tendencia observada en el último trimestre del año. En este trimestre el crecimiento del PIB resultó ser del 4.9%, superior al promedio de todo el año, lo que a su vez permitió recuperar el terreno perdido en los dos primeros trimestres del 2013. Igualmente se espera y se supone que están sentadas las bases para que en el actual 2014, la economía arranque con mayores bríos y al final del año, el resultado final pueda estar bastante por encima del 5%. En año electoral –como lo es el 2014- esto podría traer efectos políticos nada despreciables.

Los componentes que más contribuyeron al buen o aceptable resultado, fueron el consumo de las familias (excelente noticia) y la construcción, tanto la actividad edificadora de vivienda como la relacionada con el desarrollo de obras públicas. Que la construcción en sus dos facetas y que el consumo de las familias hayan sido los jalonadores de la economía, especialmente en la segunda mitad del año, tiene una connotación muy importante, pues de una parte los proyectos de obras civiles estuvieron prácticamente paralizados en los primeros tres años del actual mandato presidencial por razones de las dificultades y tropiezos surgidos en los procesos licitatorios y de otra parte el crecimiento del consumo familiar se explica por tres razones básicas: el éxito del Banco Central en controlar la inflación ( 1.9% en todo el año), por la tendencia sostenida en la disminución de la tasa de desempleo abierto (un solo dígito, por primera vez en muchos años) y por avances significativos en disminuciones en los niveles de pobreza absoluta y relativa.

Este último aspecto amerita un mayor análisis y, sobre todo, una detenida mirara a las cifras oficiales. Estas cifras indican que el porcentaje de la población colombiana en situación de pobreza bajó en el 2013 del 32.7% al 30.6%, en tanto que la pobreza extrema se redujo en ese período del 10.4% al 9.1%. Más importante aún es señalar entre el 2010 y el 2013, dos millones y medio de colombianos dejaron de estar en la condición de pobreza relativa y más de un millón de ellos dejaron de estar en la tristemente denominada categoría de pobreza extrema.

El efecto positivo desde el punto de vista económico de esta realidad es inocultable: menos pobreza aunada a menos porcentaje de desempleo, se debe traducir en mayores posibilidades de consumo por parte de las familias que destinan la mayor parte, o prácticamente la totalidad de su ingreso, a productos básicos, la mayoría de ellos de fabricación o producción nacional. Sobra decir, que las consideraciones desde el punto de vista social y del bienestar general, son aún mucho más importantes y relevantes.

Sin embargo, como suele suceder en o con la economía, no todo es color de rosa. La desigualdad de ingresos, medida a través del coeficiente gini, sigue siendo inaceptable en Colombia. Había la esperanza de que con la reducción de la pobreza pudiese haber mejorado la distribución de la riqueza y de hecho estimaciones preliminares apuntaban en este sentido. Aparentemente esta tendencia se estancó y en el 2013 no se dieron avances significativos. 

Esta dura realidad, muy marcada en el ámbito regional, constituirá sin lugar  a dudas el mayor desafío para el nuevo gobierno que tome las riendas a partir del mes de agosto del año en curso.


              

 

Apegada al acápite, la réplica, la dúplica, la demanda y la contra demanda, la Cancillería colombiana ha confundido la Corte de La Haya con la realidad internacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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Vicente Torrijos

Economista

               Profesor de la Universidad del                     Rosario, Bogotá Colombia                                                                                                                                                                                                                                            

Entre tanto, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, demuestra que sabe perfectamente lo que tiene que hacer en el Caribe.

Curiosa mezcla de político y General, es Héroe de la Federación Rusa pero al mismo tiempo ha sido ministro de Emergencias y gobernador de la emblemática provincia de Moscú.

Hace un año, cuando se decidió de una vez por todas a acelerar la reconstrucción del imperio, el presidente Putin lo nombró Ministro de Defensa con la clara intención de asegurarse la influencia directa de su país en el mundo.

Así que lejos de apegarse al inciso, las cláusulas y las adendas propias del paradigma legalista, Shoigú se ha concentrado en varias áreas de interés estratégico.

Con clarividencia postsoviética, el ministro le ha dedicado atención preferencial al Caribe, ha visto en la Alianza Bolivariana un referente estructural en las Américas y ha identificado a Nicaragua como actor preferencial, o sea, como el vértice sobresaliente del triángulo Caracas - La Habana - Managua.

En ese sentido, Rusia ha establecido con el gobierno sandinista un vasto plan de cooperación que incluye 100 mil toneladas de granos, varios centenares de autobuses, un millar de tractores, apoyo al canal interoceánico y múltiples preferencias arancelarias, convirtiéndose rápidamente en el principal donante extranjero.

Pero más allá de semejantes gestos tan loables, Shoigú ha puesto en funcionamiento un campo de entrenamiento militar, una planta de municiones y explosivos, ha concretado un programa de formación para las fuerzas y acaba de anunciar la construcción de una base naval en coordinación con las otras que erigirá en Cuba y Venezuela.

Como si fuera poco, logró hace muy poco la anuencia del Congreso nicaragüense para el ingreso de tropas y el patrullaje de las ( nuevas ) aguas en el Caribe mientras su aviación estratégica invade el espacio colombiano sin que la agazapada Cancillería de San Carlos obtenga disculpa alguna.

En definitiva, de la mano de Shoigú, la disuasión sandinista funciona.   Porque mientras tejen una red de alto valor con sus pares en el área y la validan con el despliegue ruso in situ hasta lograr el sueño de la plataforma continental ampliada, la Canciller colombiana sigue recogiendo firmas en Tegucigalpa y San José para decir que el fallo de La Haya no le gusta.


 

Las elecciones legislativas para Senado, Cámara de Representantes y Parlamento Andino que deben llevarse en Colombia, 0068an estado antecedidas este mes por la apatía de un lado,  y por la ilusión de que el próximo congreso tendrá en sus manos las reformas que emerjan del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, de otro.

 

 

 

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia








 

No obstante, no es claro si el gobierno cuenta con pasar por el Congreso para la aprobación de los acuerdos más polémicos que alcance con esa guerrilla. En ese orden de ideas, hay quienes especulan acerca de la posibilidad de que la administración de Juan Manuel Santos opte por acudir a una consulta popular para aquellos temas más controversiales. Esto le restaría importancia al Congreso, y significaría que Colombia como algunos de sus vecinos, apelaría al constituyente primario para evitar que un senado y cámara en manos del uribismo puedan entorpecer lo que sería el principal activo de este gobierno: una paz duradera.

Lo que ocurre en el proceso electoral con miras a estas elecciones revive además el tema de la forma como los partidos políticos han venido cediendo terreno y las figuras públicas han ganado visibilidad. La coalición de partidos que apoya el actual presidente como el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido de la Unidad Nacional muestra además una paradoja de la política colombiana: de firmarse la paz con las Farc, sería la derecha moderada quien tendría en su haber ese logro. Entretanto, los extremos en la izquierda y en la derecha enfrentarán serios problemas para reinventarse y sobrevivir en un postconflicto, especialmente en la actividad legislativa.

Los pronósticos hablan de un Congreso en el que el Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, tendrá un margen suficiente como para reducir en buena medida la libertad de acción del santismo. Esto tiene tres posibles escenarios: un bloqueo de la actividad legislativa por cuenta del disenso y de la animadversión que tiende a crecer entre Santos y Uribe; una alianza o coalición poco esperada entre la izquierda y el uribismo en aras de ejercer una oposición con fuerza en contra del gobierno; y un acuerdo entre el uribismo y el santismo que puede ser catastrófico para la izquierda relegada a un rol secundario.

Más allá de ese resultado, lo más importante consiste en que el próximo congreso tendrá en sus manos una labor similar a la Asamblea Constituyente de 1991. Tal vez no tengan aún conciencia de ello.

 

Entre el  8 y el 10 de febrero de 2014, se celebró la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico con la asistencia de los presidentes de Colombia, Chile, Perú y México más la presidente de Costa Rica, esta última en calidad de observadora. Con el documento suscrito por estos jefes de estado vio la luz definitiva el Acuerdo Marco que pone en vigencia el proceso de integración económica entre los cuatro países primeramente mencionados. 

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

 

En opinión del experto colombiano Manuel José Cárdenas, estas cuatro economías son las que muestran las mayores tasas de crecimiento en los últimos años, así como los menores niveles de inflación. Adicional a esto, representan el 36% de la economía latinoamericana, el 50% de todo su comercio internacional y el 41% de la inversión extranjera hacia la región. Como si esto no fuese suficiente, si algún día estos cuatro países llegasen a conformar una sola nación, se convertirían en la octava economía más grande del mundo. Por otra parte Chile y México ya son miembros plenos de la OCDE, en tanto que Colombia ya ha sido formalmente admitida como aspirante a ingresar a esta selecta y exclusiva organización.

El objetivo fundamental de este acuerdo es “alentar la integración regional, propiciar mayores tasas de crecimiento, desarrollo y competitividad y garantizar en un futuro cercano la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.

En honor a la verdad, no es la primera vez que estos países o la mayoría de ellos acometen un proyecto tan ambicioso. Recordemos que en mayo de 1968 y en la misma ciudad histórica de Cartagena, los presidentes en ese entonces de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú estamparon su firma para formalizar el acta de nacimiento de lo que en ese momento se dio a conocer como Pacto Andino, tomando como ejemplo el exitoso proceso integracionista del Mercado Común Europeo llevado a cabo por Alemania, Francia, Italia y Benelux.

Las expectativas e ilusiones que se sembraron y forjaron en ese momento fueron inmensas y sus promotores consideraron que la historia de ese grupo de países se había partido en dos. La historia enseña que al poco tiempo Chile –en plena dictadura del general Pinochet- dio un paso al costado al considerar que una integración con economías de menos grado de desarrollo, como lo eran las de Bolivia y Ecuador, se convertiría en un freno para su propio desarrollo. Por otra parte, las grandes diferencias ideológicas de los gobiernos que en el siglo XXI han regido los destinos de Bolivia, Ecuador y Venezuela (miembro tardío y fugaz del Pacto) dieron al traste y le pusieron punto final a las ilusiones de quienes suscribieron el nacimiento del Pacto Andino en el año de 1968.

Hoy la Alianza del Pacífico recupera a Chile, reemplaza a Bolivia y Ecuador por México y deja nuevamente por fuera, a Venezuela. Quiera el destino que el futuro de esta Alianza sea muy diferente (mucho mejor) que el pasado de su antecesor histórico. Al fin y al cabo, de los errores y crisis del pasado es de verdaderos sabios aprender y corregir.

Como es natural, los líderes de los países que no están en este proceso han hecho sentir su voz de inconformidad. Para Evo Morales de Bolivia, la Alianza no es más que una conspiración de Washington para dividir a la región. Rafael Correa de Ecuador, considera que es una muestra más de neoliberalismo rampante y para Lula da Silva, expresidente de Brasil, es un intento de revivir el “nefasto” Consenso de Washington.

Queda pues planteado un gran reto para los países cuyos dirigentes  en Cartagena renovaron sus intenciones de integración con los objetivos arriba descritos. De ser así, acallarán las críticas y por el contrario se convertirán en ejemplo para otros gobiernos que -no por razones ideológicas- hoy tienen dudas acerca de las bondades de estos acuerdos.

Por último, no está por demás señalar que a muchos colombianos los sorprendió la decisión del gobierno de su país de realizar esta cumbre definitiva en Cartagena. Por razones históricas, de hospitalidad y de infraestructura, ningún reparo. Sin embargo, Cartagena está ubicada sobre el mar Caribe (apéndice del Océano Atlántico), o sea en la otra orilla o vertiente de la región Pacífica. Sin mayores argumentos se eliminó la posibilidad de hacer un homenaje por ejemplo a Buenaventura, principal puerto colombiano sobre el Pacífico.

 


 

 

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