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Thursday, 23 October 2014
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Uno de los temas más sensibles para el gobierno colombiano, en cuanto al proceso de paz se refiere tiene que ver con la participación de las víctimas en esas negociaciones.

 

 

 

                         

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





El esmero de la administración de Juan Manuel Santos por incluir diversos sectores en la mesa de La Habana es evidente, aunque valga reconocer, que jamás habrá un nivel de representatividad total, pues se trata de una forma de participación apartada de las lógicas electorales.

Este mes, se anunció la participación de un nuevo grupo de víctimas entre las que aparecen Aída Avella, líder del partido Unión Patriótica, movimiento que  ha acusado al Estado de haberlo perseguido durante los años ochenta y noventa hasta provocar su casi que total extinción. Y también el General de la Policía Nacional Luis Mendienta, cuyo secuestro mostró la crudeza de la guerra colombiana y evidenció uno de los capítulos de mayores dificultades para el Estado. Dicho oficial fue retenido por las FARC en noviembre de 1998 en la toma de Mitú, capital del Departamento del Vaupés fronterizo con Brasil. Esa acción de la guerrilla marcó un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano, porque para muchos significó el giró desde una guerra de guerrillas hacia una de movimientos. Luego pasaron 11 años para que Mendieta fuese liberado, mediante una operación de rescate bautizada Camaleón. De allí que su presencia en La Habana tenga una relevancia y significado particular.

En adelante los retos para quienes representen a las víctimas son innumerables y su responsabilidad histórica de unas magnitudes que pocos advierten en la actualidad.  El principal desafío consiste en visibilizar a las millones de víctimas que han padecido las consecuencias nefastas de la guerra. Esto implica no sólo un compromiso para que se reestablezca la verdad en la medida de lo posible, sino para que la justicia transicional con miras a la paz, no se aplique en desmedro del dolor de las víctimas. A su vez, para el Estado colombiano el hecho de incluir a las víctimas en la negociación debe implicar el reconocimiento de que no existe un solo segmento de víctimas, sino que se trata de un grupo diverso que sufrió por la acción del Estado, paramilitares y guerrilla.

Es tal vez el reto más complejo con miras a la reconciliación. En Colombia las víctimas han aparecido

fragmentadas entre quienes acusan al Estado de negligencia y participación en la violación sistemática

de los Derechos Humanos, y aquéllas sometidas por la violencia de la insurgencia. En la Habana y de

ahora en adelante, se compondrá un bloque que represente a esos millones de colombianos que han

sufrido la guerra y que carecieron de voz en la negociación. Se trata, sin duda, de una oportunidad

histórica.

       

 

 

Como es costumbre de tiempo atrás, el último viernes de cada mes  se reúne la Junta Directiva del Banco de la República con el fin de analizar la evolución de la economía y con base en este análisis, tomar decisiones de fondo en materia de política monetaria o cambiaria.

 

 

 

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

 

Recordemos que en este contexto, la Junta había decretado en el período comprendido entre marzo y agosto del presente año, cinco aumentos sucesivos en la llamada tasa de interés de intervención. De un nivel mínimo del 3.25% en el primero de esos meses, la había llevado hasta el 4.5% en la última semana de agosto.

La explicación de estas decisiones se fundamentó en el buen ritmo de crecimiento de la economía tanto en el primero como en el segundo trimestre de 2014. Según un sondeo preliminar Colombia sería a nivel mundial y después de China, la segunda economía en aumento del PIB. Por encima del 5.0%. Este hecho sumamente positivo a todas luces, sin embargo generó entre los miembros de la Junta del Banco, la preocupación de que la economía colombiana estuviese acercándose al máximo de su capacidad de producción, lo que la teoría económica define como el “cierre de la brecha del producto”. En otras palabras, si una economía crece aceleradamente y no incrementa los recursos productivos en forma importante, mayores estímulos por la vía de la demanda agregada (combinación de gasto privado y gasto público) se traducirán inevitablemente en elementos generadores de inflación indeseada. Para evitar este escenario, se requeriría un cambio de fondo e importante en la productividad de los factores existentes, transformación que no se logra en el corto plazo.

Sin embargo, para el cierre de septiembre la Junta del Banco cambió su postura y decidió mantener inalterada la tasa de intervención en el límite actual del 4.5%. El texto del comunicado expedido al término de la reunión explícita y textualmente dice así: “la recuperación de la economía de los Estados Unidos contrasta con la pérdida de dinamismo en la zona euro y una desaceleración más acentuada en China y en algunos países de la región. Las primas de riesgo de varios países han aumentado levemente y sus monedas se han devaluado frente al dólar. Los términos de intercambio de Colombia probablemente caerán como consecuencia de la disminución del precio internacional del petróleo”.

“En Colombia, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue igual al esperado por el equipo técnico del Banco (4.3%). Sin embargo, hay diferencias importantes entre la proyección y el resultado observado en términos de la composición del crecimiento por el lado de la demanda. Por una parte, el crecimiento de la demanda interna en ese trimestre (7.7%) fue significativamente superior al proyectado (5.4%). Por otra, las exportaciones netas registraron una fuerte caída, parcialmente explicada por fenómenos temporales”. En consecuencia para el segundo semestre, los pronósticos sugieren que el PIB podría crecer alrededor de 4.5%”.

Dicho en otros términos, la fotografía de la economía colombiana al cierre del primer semestre de 2014 está expresada en colores alegres y llamativos. Esa misma fotografía al cierre del año completo puede tener unas entonaciones o unos claroscuros no tan favorables, por la inocultable presencia de nubarrones, provenientes y originados la mayoría de ellos, en otras latitudes.

Por otra parte y a pesar del riesgo de recalentamiento de la economía en el primer semestre del año, la inflación observada (3.02% anualizada) se mantiene dentro del rango proyectado y prácticamente en el punto medio del mismo.

En resumen y tal como concluye el comunicado oficial “la demanda agregada continúa mostrando un fuerte crecimiento en un contexto cercano a la plena utilización de la capacidad productiva y al mismo tiempo las expectativas de inflación se mantienen cerca del 3%. Hecha la evaluación del balance de riesgos, la Junta Directiva consideró apropiado mantener inalterada la tasa de interés de referencia”.

Por último no está por demás reseñar que tanto el sector privado como el gobierno mismo, han expresado su satisfacción por la pausa acordada en el alza de las tasas de interés.

 


 

Como parte de una estrategia para legitimar el proceso de la Habana, las FARC y el Gobierno Nacional dieron a conocer los textos preliminares de los pactos ya alcanzados en el marco de la negociación en Cuba, destacándose el concerniente a Narcotráfico y cultivos ilícitos, no solo por ser el más reciente y menos analizado sino porque están atravesados por la transformación de la política antidrogas del país y, eventualmente, de la región en su conjunto.

 

 

 

 

 

torrijos-vicente

Vicente Torrijos

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia









 

En este sentido, el complejo escenario tiene varias dimensiones: mientras el consumo pasa a entenderse como un problema de salud pública, y el combate al crimen organizado se asume como una prioridad para el Estado, el tema de los cultivos ilícitos se convierte en parte de una eventual reforma agraria integral que debe plantearse como alternativa de sostenibilidad para las comunidades campesinas y los sectores urbanos desfavorecidos. 

No en vano, el primer elemento del acuerdo se centra en un proceso de sustitución de cultivos ilícitos que debe hacerse de forma concertada y negociada con las comunidades ( bajo control coordinado de las FARC ), con un enfoque diferencial y bajo una política integral de desarrollo rural. 

Todas estas medidas se articularían mediante el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, desde el cual se prestará protección y asistencia a las personas y comunidades que decidan abandonar el cultivo de la coca y la amapola. En términos prácticos, las medidas referidas al tercer punto terminan por ser una especie de complemento a lo pactado en el primer punto de la agenda de La Habana, esto es, una nueva vertiente de la denominada reforma agraria ( en la que el control territorial de la subversión salta a la vista ).

Cabe destacar que los programas de sustitución de cultivos ilícitos  deberán estar acompañados por grandes acciones de intervención en materia de desarrollo e infraestructura para las comunidades, priorizando aquellos espacios que, en función de la violencia, requieren una atención especial por parte del Estado y las instituciones. 

El segundo elemento del preacuerdo es la atención integral a los farmacodependientes como pacientes afectados por un problema de salud pública, lo que justificaría el despliegue de campañas de educación para que la población en general conozca los efectos negativos del uso de narcóticos ( campañas cuyos efectos benéficos solo podrían atribuírsele en su momento a las FARC que, como organización híbrida, captaría los beneficios que, originalmente, corresponderían al Estado ).

En el tercer punto se incluyen elementos relacionados con el combate a las estructuras de comercialización de droga, es decir el crimen organizado a gran y corta escala, tema altamente polémico pues no se puede desligar del control sobre las áreas cultivadas ni de los nexos que las FARC desconoce tener con los focos principales de la criminalidad transnacional. 

Y como en este tema el fortalecimiento del sistema judicial efectivo se convierte en materia fundamental en el proceso, se plantea la apertura de un debate nacional e internacional sobre el narcotráfico en el que se incluyan temas relacionados con el lavado de activos y la corrupción. 

1- Facilismo político. Dentro de lo planteado por el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC se destaca la presencia de soluciones poco rigurosas que no llegan a dar cuenta de las complejidades de un fenómeno que trasciende el ámbito de la demagogia insurgente y que demandan un marco más amplio de operación. 

Cayendo en el discurso de las FARC, se interpreta al narcotráfico como el resultado sencillo de la no presencia del Estado y la desigualdad económica de tal forma que con intervenciones compartidas se lograría controlar la producción y la comercialización debido a la desaparición de las condiciones objetivas que empujan a la constitución de una económica basada en un producto ilegal.        

En este sentido, el Gobierno Nacional se juega todas sus cartas a partir de la intervención social sin atender a las dinámicas criminales y económicas ( las alianzas entre FARC-ELN-BACRIM-Carteles centroamericanos ) que marcan la permanencia de este negocio en múltiples zonas que no pueden asociarse en nada con situaciones de desprotección social estructural, amén de las posibilidades de continuidad encubierta del fenómeno durante el llamado postconflicto.

2- Problema social y no criminal. Es fácil detectar que este punto fue completamente monopolizado por la perspectiva de las FARC que quisieron y lograron convertir cualquier manifestación de los cultivos ilícitos en un problema de naturaleza social que no puede ser combatido mediante la fuerza del Estado.

En este sentido, y al igual que sucede hoy con la consultas previas de las comunidades indígenas, las zonas de cultivo ilícito se convertirán durante el postconflicto en otro escenario desde el cual se podrá presionar o incluso inmovilizar al Estado y la sociedad a través de procesos de presión-concertación-alzamiento estimulados por las exigencias de sustitución-desarrollo-cumplimiento de promesas.

En este punto las FARC lograron conducir la lucha antidrogas durante el postconflicto a un punto muerto en el que la ambigüedad en la lucha contra el narcotráfico se convertirá de forma paulatina en una supresión de la acción social del Estado y la capitalización por la insurgencia de múltiples energías sociales acumuladas tras las diferentes experiencias de movilización social inducida ( paros nacionales agrarios de 2013 y 2014 ). 

3- Asegurar las fuentes de financiación. Desde lo ya negociado es posible ver que Colombia se enfrentará a un largo y traumático proceso de transición económica del narcotráfico, desde el cual la financiación ilegal de las organizaciones armadas estará asegurada cuando menos al mediano plazo. 

Como bajo la tesis social del cultivo de sustancias ilícitas, únicamente hasta que el Estado garantice un sinfín de condiciones económicas y sociales, resultaría posible controlar el cultivo de coca, amapola y marihuana, está claro que se abre un gran ventanal de oportunidades desde el cual les será relativamente fácil a las FARC y al ELN continuar con las actividades ilegales ( pero al amparo de la legitimación que les otorgan los acuerdos y, mejor aún, del incumplimiento del Estado ante los compromisos adquiridos, una figura que siempre será utilizada para justificar la lucha revolucionaria en la fase postnegociación, hasta conseguir la convocatoria de una Asamblea Constituyente con curules previamente facturadas ).

 


 

REFLEXIONES EN TORNO A LA COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS INSTALADA POR LA MESA DE NEGOCIACIÓN EN CUBA, EL 21 DE AGOSTO DEL 2014.

 

 

 

 

torrijos-vicente

Vicente Torrijos

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia









 

Nota : el autor es miembro de la antedicha Comisión.

¿ Por qué se conformó y cuál es importancia de la Comisión Histórica y de Víctimas del Conflicto ?

En muchas ocasiones, las partes se enfrascan en una negociación y repentinamente perciben la necesidad de entender mejor el conflicto sobre el que están dialogando.  Hay saturación de información y se pierde la perspectiva, así que replantear el "antes", el "ahora" y el "después" es lo que le da sentido a la negociación de un conflicto armado.  Por eso la Comisión tiene término fijo : sesionará hasta diciembre y no más.  La Comisión no puede ser un pretexto para dilatar la negociación propiamente dicha.

 ¿ Por qué es necesaria la presencia de un politólogo en la Comisión ?

Más que de la presencia de un politólogo, se trata de un reconocimiento al trabajo metódico, sostenido y difundido del claustro rosarista en estas materias y al esfuerzo que hemos hecho en las Facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales por interpretar el conflicto y repensar la realidad del país.

 ¿ Qué espera lograr como académico dentro de la Comisión ?

 Es muy útil conocer las perspectivas que tienen otros sectores de la vida académica, pero también las expectativas de los gremios, las iglesias, los medios de comunicación, las agrupaciones de víctimas y, por supuesto, el contraste entre la visión personal y las visiones del Gobierno Nacional y la dirigencia guerrillera.  Me siento como si fuera una especie de cartógrafo del conflicto, trazando rutas, definiendo límites y comprendiendo mejor los espacios y sus ocupantes.

 ¿ Qué significa esta designación presidencial desde su punto de vista como profesor de las Facultades de Ciencia Política y Gobierno, y de Relaciones Internacionales ?

 Nuestras Facultades han hecho aportes muy significativos al entendimiento de la violencia y la convivencia entrelazando las dinámicas internas y las externas.  Ha sido un diálogo interdisciplinario con Jurisprudencia, Humanidades, o Economía.  Reflejar ese aporte transdisciplinario en la Comisión es lo que me parece más fructífero, sobre todo porque se trata de una Comisión absolutamente independiente.  

Eso significa que ella no obedece a los intereses ni del Gobierno ni de las Farc, aunque, como es apenas natural, cada comisionado tiene sus propias y muy marcadas tendencias ideológicas.  No en vano, seis de ellos fueron designados por la guerrilla y seis por el Estado.  Obviamente, yo fui nominado por el Estado.

 ¿Qué aspectos de su experiencia en Cuba pueden ser interesantes para la Universidad?

 Me he empeñado hasta el cansancio en que no puede haber una "verdad o versión oficial" del conflicto pues la Comisión debe reflejar tendencias académicas, ideológicas y metodológicas múltiples, diversas.  Si hay algo del espíritu rosarista en las discusiones que hemos sostenido en La Habana es, precisamente, el pluralismo respetuoso y la devoción por la democracia, valores que escasean en ciertos contextos.

 ¿Qué importancia tiene que los militares activos participen en el proceso?

 Los militares no negocian nada.  Eso no les es propio.  Respetuosamente, ellos ofrecen sus conocimientos técnicos en campos específicos relacionados con dejación de armas, desmovilización, o verificación.  Es un trabajo delicado, un soporte esencial para que los acuerdos se basen en compromisos tangibles y no en falacias o estratagemas.

 ¿ Qué trascendencia le ve al trabajo de la Comisión?

 Los trabajos servirán para definir responsabilidades y para que quede claro que ésta no puede ser una negociación basada en el perdón y el olvido.  Además, los textos que se produzcan van a ser difundidos masivamente en escuelas, colegios, universidades, gremios, sindicatos, ong, con el fin de hacer un ejercicio colectivo de interpretación y reflexión constructiva.  

 En definitiva, si algún sentido tiene todo esto es que al valorar el pluralismo, el ciudadano se sienta cada vez más empoderado para exigirles a los extremistas que renuncien definitivamente a la violencia como metodología política.  

 

 

 


  

 

 

Este mes, el presidente Juan Manuel Santos anunció el gabinete definitivo después de múltiples especulaciones acerca de los compromisos que el mismo había contraído en el clima electoral de junio de 2014.      

 

 

                         

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





 

Los anuncios no sorprenden pues la confirmación de las carteras de Defensa y Relaciones Exteriores, en cabeza de Juan Carlos Pinzón y María Ángela Holguín, respectivamente, evidencian que esos ministros se han convertido en la parte más estable del gobierno, y se erigen como la base de la primera fase de este segundo mandato de Juan Manuel Santos.

Pinzón le garantiza a Santos, una buena relación con el aparato militar. Desde el uribismo se ha insistido en la baja moral de las tropas por las supuestas concesiones del gobierno a la guerrilla de las FARC en La Habana. No obstante, el ministro de Defensa jamás ha escondido su ánimo crítico con la guerrilla y en sus declaraciones no cesan las acusaciones contra el grupo. Su permanencia le permite a Santos reflejar la imagen de un gabinete equilibrado, y especialmente la promoción de una idea que aún no cala del todo entre los colombianos: que aún con diálogos se sigue combatiendo a la guerrilla.

En cuanto a Holguín, es claro que uno de los activos de Santos para ganar las elecciones era la política exterior. La mayoría de sus contradictores y rivales tenían o escaso conocimiento de los asuntos internacionales o eran víctimas de prejuicios protuberantes sobre el funcionamiento del sistema regional y mundial.  Se puede decir además, que esta administración tiene en su haber resultados como el inminente ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el liderazgo en la Alianza del Pacífico que corrige el desastre que fue la candidatura de Colombia al foro Asian Pacific Economic Cooperation años atrás, y por supuesto, la normalización de relaciones con Caracas y Quito.

El resto de nombramientos muestran una serie de compromisos contraídos con al menos tres partidos políticos (Partido de la Unidad Nacional, Liberal y Cambio Radical) y algunos ministros que se caracterizan por pasar de un movimiento a otro, sin que importe en modo alguno la coherencia ideológica. Tal parece la consigna del Ministro de Trabajo, que comenzó militando en la izquierda, le coqueteó sin éxito a la derecha, y ahora saca provecho del talante de moderación del actual presidente.

Entretanto, el margen de maniobra del presidente se recorta en la medida en que la paciencia frente a algunos temas sensibles de agota y crece la polarización política con resultados riesgosos sobre el proceso de paz. Se trata antes que nada de un gabinete para evitar las polémicas con la oposición uribista y reafirmar la vocación pacifista. Una apuesta arriesgada con efectos imprevisibles.

 

 

 

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