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Thursday, 18 December 2014
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 La última encuesta de la consultora Cifras y Datos arroja una serie de evidencias sobre la eventual conducta electoral en Bogotá que sorprenden, pues a pesar del degaste de la izquierda en la alcaldía, la intención de voto sigue favoreciendo al Polo Democrático.                     

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





 

Según el sondeo, la aspirante a ese cargo con más votos sería Clara López, quien este año fue candidata a la presidencia por esa colectividad.

Los resultados de la encuesta sorprenden pues desde la llegada a la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón la ciudad no ha dejado de rezagarse y los problemas de seguridad y movilidad especialmente, han convertido a Bogotá en una ciudad caótica que dejó de lado el avance en los temas de espacio público, movilidad y cultura ciudadana. Aquéllos se habían tornado en activos de la ciudad alagados dentro y fuera del país.  Las dos últimas alcaldías de Samuel Moreno Rojas (interrumpida por la sanción  ordenada por la Procuraduría) y Gustavo Petro Urrego también revelan el mal momento que vive la ciudad. El actual alcalde se ha dedicado a defenderse de los ataques que especialmente provienen de una poderosa Procuraduría que se quiere erigir en garante de la veeduría ciudadana. Un despropósito que, no obstante, ha derivado en popularidad de Alejandro Ordoñez, procurador.

¿Por qué la izquierda sigue siendo la primera opción de los bogotanos?   Tres razones explican la tendencia. Primero, durante la última campaña a la presidencia a mediados de año, la candidata de la izquierda tuvo uno de los mejores desempeños que le valieron un record históricos de votos. Como nunca en la historia de Colombia, la izquierda fue fundamental en la segunda vuelta para elegir al presidente. Ese prestigio aún lo conserva Clara López quien se mantuvo al margen de la guerra sucia entre los dos candidatos con mayor opción de voto, Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga.  Segundo, el voto de opinión en Bogotá sigue siendo más compatible con el discurso de la izquierda, que con el de una derecha fuerte en temas nacionales, pero que ha maltratado a Bogotá en muchos aspectos. Por lo general, los gobiernos se han esmerado por reducir la autonomía que por cuenta de la descentralización las ciudades habían ganado. Y tercero, se trata de un cálculo simple, no existe aún un candidato suficientemente fuerte de otras colectividades para la alcaldía de Bogotá.  El posible candidato de uribismo, Francisco Santos, ni siquiera genera consensos en el seno de esa fuerza política. Rafael Pardo, quien sería uno de los candidatos con el aval del partido Liberal tampoco tiene la fuerza política para acceder el cargo.

En últimas, la izquierda tiene una nueva oportunidad para enderezar el camino y proyectarse hacia el futuro, luego de décadas de duras críticas por las malas administraciones distritales. Bogotá enfrentará desafíos tan complejos como una mejora urgente de la movilidad, la inminente llegada masiva de desmovilizados y por supuesto, la imperiosa necesidad por mejorar la seguridad. Temas, valga decirlo, en los que la izquierda ha tenido poco recorrido en el plano local.

 

       

 

 

En la tercera semana de octubre la opinión pública colombiana tuvo conocimiento del informe preliminar de la llamada “Misión de Estudios para la Competitividad de la Caficultura Colombiana”.

 

  

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

Al frente de esta misión se encuentra el ex codirector del Banco de la República Juan José Echavarría, quien fue considerado el más firme candidato a ocupar la cartera de Hacienda en la segunda versión presidencial de Juan Manuel Santos. Sin embargo, los buenos resultados de la economía colombiana hasta ese momento hicieron inevitable la continuidad del ministro Mauricio Cárdenas. Con los tropiezos económicos cada vez más evidentes en Europa y los nubarrones que se ciernen sobre la economía colombiana, es factible pensar que  el ministro confirmado esté algo arrepentido de no haberse desmontado de semejante potro y quien esté respirando con alivio sea su frustrado reemplazo.

 

Lo cierto es que dentro de este panorama incierto sobre el futuro de la economía local, se destacan precisamente el pasado pero sobre todo el presente y el futuro del cultivo que a lo largo de la mayor parte del siglo XX fuese el principal producto de exportación y la principal fuente de generación de empleo. De este informe preliminar son autores, además del dr Echavarría, expertos académicos de la talla de Pilar Esguerra, Eduardo Lora, Salomón Kalmanovitz, Olga Lucía Acosta, Mauricio Perfetti, Roberto Steiner, Roberto Junguito y connotados investigadores de la Universidad del Rosario como Juan Daniel Oviedo y Jesús Otero, quienes sustentaron su ponencia con un lenguaje econométrico de gran profundidad y contenido.

Del cúmulo de información suministrada se destacan datos tales como que la producción de café en Colombia en los últimos veinticinco años ha venido mostrando una tendencia fuertemente decreciente, contrario a lo que se observa en la mayoría de los países que compiten con el café colombiano. A éste lo superan en oferta exportable la producción del coloso Brasil pero también Vietnam, que está disfrutando los beneficios del posconflicto, y más recientemente Indonesia. Lo preocupante es que Colombia está produciendo menos café con la misma área sembrada. Para los expertos esto no tiene sino una explicación: fuerte caída en los niveles de productividad. También llama la atención que los departamentos o regiones tradicionalmente considerados de vocación cafetera, han sido desplazados por otros relativamente nuevos en el panorama cafetero. Ahora se destacan Huila, Cauca y Nariño, todos ellos de menor desarrollo económico relativo. Se plantea entonces la hipótesis de que la actividad cafetera -eje central por muchos del crecimiento económico y de la generación de empleo- una vez cumplida esta misión, termina por desestimular su siembra y comercialización en la medida en que los municipios inicialmente beneficiados, se transforman en centros urbanos, para cuyos habitantes una actividad netamente agrícola deja de ser atractiva. Tal parece ser el caso actual de ciudades intermedias como Manizales, Pereira y Armenia, hasta hace poco reconocidas como lugares de vocación agrícola.

 


 Las FARC han presentado una serie decisiva de consideraciones de fondo referidas a la naturaleza y la tipificación de los afectados colectivos y del sistema económico en el país.

 

 

 

 

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Vicente Torrijos

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia









 

 

En este sentido, inauguran una nueva categoría estratégica, la de “víctimas del desarrollo” ( del sistema socioeconómico ), o sea, aquellas personas que a causa de las políticas económicas, sociales, culturales y medioambientales habrían sido afectadas en su calidad de vida. 

Aquí se incluirían como víctimas del Estado a los afectados por la pobreza, el hambre, la miseria y la exclusión, que, según los plenipotenciarios de la subversión, son las raíces básicas que han animado al conflicto armado desde sus orígenes, y que a la fecha incluyen también a las comunidades afectadas por el desarrollo minero energético y las políticas de especulación en vivienda. 

De igual forma, las FARC consideran a las víctimas como sujetos políticos, especialmente en el caso de los grupos que en ejercicio de la oposición habrían sido perseguidos por el Estado o sus aparatos armados ilegales. Aquí la guerrilla pide que se reconozca como agentes revolucionarios a los grupos marginados que se oponían al régimen y a la dominación de las llamadas oligarquías. 

Esta otra categoría, la de víctimas "colectivas", aseguraría verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, para los damnificados del Estado, puesto que en todo el punto no se menciona ningún tipo de culpa o responsabilidad por parte de la insurgencia para con los afectados por sus acciones terroristas. 

Adicionalmente, se plantea la necesidad de crear un sistema de clasificación de las víctimas de acuerdo con el tipo de afrenta de la que hayan sido objeto, todo ello acorde con los planteamientos internacionales y las lógicas de la llamada justicia guerrillera.  De igual forma, se establece la necesidad de un censo nacional de víctimas que, adelantado por el DANE, dé cuenta de las personas que se consideran afectadas por la guerra en Colombia.   

De hecho, las consideraciones subversivas sacan a flote el intento de la insurgencia por recargar la totalidad de la responsabilidad de la guerra en el Estado, al punto de instituir lógicas de clasificación que la descartan totalmente como victimaria, de tal manera que no solo estaría eximida de reparar o comprometerse en términos de no repetición sino que endosaría todos los compromisos ( desde los años 30 ) al sistema fiscal y militar del Estado.

En este sentido, al hablar de las víctimas económicas, los guerrilleros no se incluyen dentro de los factores que han generado las condiciones de empobrecimiento de amplios sectores de la sociedad,  ni las consecuencias económicas y ambientales que han conllevado sus modalidades de ataque a la infraestructura eléctrica y petrolera del país.

De igual forma, las FARC evitan incluir en su concepto ( instrumental ) de víctimas colectivas a los grupos políticos que han sido objeto de su persecución, o la forma en la que mediante al uso de la fuerza se han asegurado el control autoritario de sus zonas de influencia, o se han apropiado de los recursos públicos de manera ilegal. 

En consecuencia, es apenas natural que en su intento por soslayar su responsabilidad frente a las víctimas, las FARC introduzcan y manipulen hábilmente la  noción de “víctima del desarrollo” en la la que, eventualmente, cabría la totalidad de la población colombiana.

Este tipo de concepto instrumental cumple una doble función en el discurso de las FARC. Por un lado, la guerrilla continúa alejándose como agente promotor de la violencia, consolidando su idea de catalogar a sus afectados como simples impresiones o errores involuntarios de guerra ( narrativa revolucionaria exculpatoria como plataforma política hacia el porvenir ).

Por otro lado, colectivizar la victimización lo que hace es crear las bases de una legitimización atemporal de la lucha guerrillera puesto que al declarar a la totalidad de la sociedad como víctima del Estado lo que está haciendo es validar las bases éticas y morales del levantamiento armado, al tiempo que se dota de herramientas para exigir del Estado el pago inconmensurable de indemnizaciones y reparaciones, asunto éste que, en la práctica, conduciría a las instituciones a una parálisis por defecto ( "default" : quiebra o física insolvencia ).

En síntesis, mientras las FARC trasladan a varios de sus miembros más comprometidos a la Habana,  insisten en catalogar al Gobierno como único responsable de las víctimas de la guerra en Colombia, una actitud muy consecuente con los borradores de La Habana en los que el Estado aparece asumiendo todos los costos del conflicto ( tanto en la visión histórico-estructural como hacia el futuro, con gran cantidad de nuevas entidades, programas y conceptos de desarrollo económico y social cuya estructura podrían incidir sensiblemente sobre las bases mismas del sistema político ).

 


  

 

 

 

Uno de los temas más sensibles para el gobierno colombiano, en cuanto al proceso de paz se refiere tiene que ver con la participación de las víctimas en esas negociaciones.

 

 

 

                         

 

 

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Mauricio Jaramillo-Jassir

Politólogo

Profesor de la Universidad del Rosario y de la Escuela Superior de Guerra, en Bogotá Colombia

 





El esmero de la administración de Juan Manuel Santos por incluir diversos sectores en la mesa de La Habana es evidente, aunque valga reconocer, que jamás habrá un nivel de representatividad total, pues se trata de una forma de participación apartada de las lógicas electorales.

Este mes, se anunció la participación de un nuevo grupo de víctimas entre las que aparecen Aída Avella, líder del partido Unión Patriótica, movimiento que  ha acusado al Estado de haberlo perseguido durante los años ochenta y noventa hasta provocar su casi que total extinción. Y también el General de la Policía Nacional Luis Mendienta, cuyo secuestro mostró la crudeza de la guerra colombiana y evidenció uno de los capítulos de mayores dificultades para el Estado. Dicho oficial fue retenido por las FARC en noviembre de 1998 en la toma de Mitú, capital del Departamento del Vaupés fronterizo con Brasil. Esa acción de la guerrilla marcó un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano, porque para muchos significó el giró desde una guerra de guerrillas hacia una de movimientos. Luego pasaron 11 años para que Mendieta fuese liberado, mediante una operación de rescate bautizada Camaleón. De allí que su presencia en La Habana tenga una relevancia y significado particular.

En adelante los retos para quienes representen a las víctimas son innumerables y su responsabilidad histórica de unas magnitudes que pocos advierten en la actualidad.  El principal desafío consiste en visibilizar a las millones de víctimas que han padecido las consecuencias nefastas de la guerra. Esto implica no sólo un compromiso para que se reestablezca la verdad en la medida de lo posible, sino para que la justicia transicional con miras a la paz, no se aplique en desmedro del dolor de las víctimas. A su vez, para el Estado colombiano el hecho de incluir a las víctimas en la negociación debe implicar el reconocimiento de que no existe un solo segmento de víctimas, sino que se trata de un grupo diverso que sufrió por la acción del Estado, paramilitares y guerrilla.

Es tal vez el reto más complejo con miras a la reconciliación. En Colombia las víctimas han aparecido

fragmentadas entre quienes acusan al Estado de negligencia y participación en la violación sistemática

de los Derechos Humanos, y aquéllas sometidas por la violencia de la insurgencia. En la Habana y de

ahora en adelante, se compondrá un bloque que represente a esos millones de colombianos que han

sufrido la guerra y que carecieron de voz en la negociación. Se trata, sin duda, de una oportunidad

histórica.

       

 

 

Como es costumbre de tiempo atrás, el último viernes de cada mes  se reúne la Junta Directiva del Banco de la República con el fin de analizar la evolución de la economía y con base en este análisis, tomar decisiones de fondo en materia de política monetaria o cambiaria.

 

 

 

 

 

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Gonzalo Palau Rivas

Economista

Profesor de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia








 

 

Recordemos que en este contexto, la Junta había decretado en el período comprendido entre marzo y agosto del presente año, cinco aumentos sucesivos en la llamada tasa de interés de intervención. De un nivel mínimo del 3.25% en el primero de esos meses, la había llevado hasta el 4.5% en la última semana de agosto.

La explicación de estas decisiones se fundamentó en el buen ritmo de crecimiento de la economía tanto en el primero como en el segundo trimestre de 2014. Según un sondeo preliminar Colombia sería a nivel mundial y después de China, la segunda economía en aumento del PIB. Por encima del 5.0%. Este hecho sumamente positivo a todas luces, sin embargo generó entre los miembros de la Junta del Banco, la preocupación de que la economía colombiana estuviese acercándose al máximo de su capacidad de producción, lo que la teoría económica define como el “cierre de la brecha del producto”. En otras palabras, si una economía crece aceleradamente y no incrementa los recursos productivos en forma importante, mayores estímulos por la vía de la demanda agregada (combinación de gasto privado y gasto público) se traducirán inevitablemente en elementos generadores de inflación indeseada. Para evitar este escenario, se requeriría un cambio de fondo e importante en la productividad de los factores existentes, transformación que no se logra en el corto plazo.

Sin embargo, para el cierre de septiembre la Junta del Banco cambió su postura y decidió mantener inalterada la tasa de intervención en el límite actual del 4.5%. El texto del comunicado expedido al término de la reunión explícita y textualmente dice así: “la recuperación de la economía de los Estados Unidos contrasta con la pérdida de dinamismo en la zona euro y una desaceleración más acentuada en China y en algunos países de la región. Las primas de riesgo de varios países han aumentado levemente y sus monedas se han devaluado frente al dólar. Los términos de intercambio de Colombia probablemente caerán como consecuencia de la disminución del precio internacional del petróleo”.

“En Colombia, el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue igual al esperado por el equipo técnico del Banco (4.3%). Sin embargo, hay diferencias importantes entre la proyección y el resultado observado en términos de la composición del crecimiento por el lado de la demanda. Por una parte, el crecimiento de la demanda interna en ese trimestre (7.7%) fue significativamente superior al proyectado (5.4%). Por otra, las exportaciones netas registraron una fuerte caída, parcialmente explicada por fenómenos temporales”. En consecuencia para el segundo semestre, los pronósticos sugieren que el PIB podría crecer alrededor de 4.5%”.

Dicho en otros términos, la fotografía de la economía colombiana al cierre del primer semestre de 2014 está expresada en colores alegres y llamativos. Esa misma fotografía al cierre del año completo puede tener unas entonaciones o unos claroscuros no tan favorables, por la inocultable presencia de nubarrones, provenientes y originados la mayoría de ellos, en otras latitudes.

Por otra parte y a pesar del riesgo de recalentamiento de la economía en el primer semestre del año, la inflación observada (3.02% anualizada) se mantiene dentro del rango proyectado y prácticamente en el punto medio del mismo.

En resumen y tal como concluye el comunicado oficial “la demanda agregada continúa mostrando un fuerte crecimiento en un contexto cercano a la plena utilización de la capacidad productiva y al mismo tiempo las expectativas de inflación se mantienen cerca del 3%. Hecha la evaluación del balance de riesgos, la Junta Directiva consideró apropiado mantener inalterada la tasa de interés de referencia”.

Por último no está por demás reseñar que tanto el sector privado como el gobierno mismo, han expresado su satisfacción por la pausa acordada en el alza de las tasas de interés.

 


 

 

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