Nuevamente el gobierno nacional de Colombia ha puesto sobre el tapete la discusión acerca de salir a Bolsa a vender una porción importante de las acciones que aún posee (90%) en ECOPETROL. Esta empresa sigue siendo considerada  la “joya de la corona” pues es la que más utilidades año tras año le entrega al presupuesto nacional y así mismo es la de mayor valor patrimonial dentro del grupo de empresas que el gobierno aún conserva, en medio del intenso proceso de privatizaciones puesto en marcha a principios de la década de los noventa.

Recordemos que a mediados del 2007 el gobierno cedió un diez por ciento de su participación al haberse abstenido de participar en una operación de capitalización directa, equivalente a ese porcentaje, y la cual fue suscrita por inversionistas particulares.

Con esta nueva operación, que conlleva la enajenación de un quince por ciento de las acciones en su poder, el gobierno colombiano espera recibir una suma cercana a los quince billones de pesos que corresponden a unos 7.500 millones de dólares.

El origen de todo este planteamiento está en que las cuentas del erario para el año 2010 se vislumbran aún más descuadradas que las del año que está por terminar. La crisis económica mundial y sus efectos recesivos en la economía local, han producido un deterioro en el recaudo tributario que inicialmente se ha cubierto con más endeudamiento en el exterior, vía emisiones de bonos en dólares. Sin embargo, esta modalidad ha sido fuertemente criticada por considerarse que al convertir en pesos los dólares captados allende las fronteras, el gobierno se ha convertido en el principal causante de la revaluación del peso, para desgracia e infortunio de los exportadores colombianos. El Jefe del Estado en persona y la Junta Directiva del Banco de la República –además claro está, de los entendidos en la materia- después de intensos pronunciamientos- han logrado el compromiso de parte del Ministro de Hacienda de no endeudarse más en el exterior para gastar en el interior. Así las cosas, al rector de las finanzas públicas se le restringe el margen de maniobra para cubrir el hueco fiscal y solo le queda el camino de incrementar la deuda en pesos –que se considera ya como excesiva y preocupante- o salir a vender activos, como le ocurriría a cualquier familia que tiene estrecheces de liquidez para cubrir gastos esenciales pero a su vez se da el lujo de poseer y conservar un activo muy valioso, llámese apartamento de lujo o finca de recreo.

Como vender activos para cubrir gastos corrientes no hace parte de la ortodoxia tradicional, el gobierno acertadamente ha anunciado que los dineros que provengan de la gran venta serían dedicados a inversión y más concretamente a construir y reconstruir la  estructura vial del país cuya insuficiencia en extensión y calidad, es señalada como la principal causa de los grandes retos que en materia de competitividad internacional enfronta la economía colombiana.

En este sentido el gobierno se desprendería de una parte de un activo muy valioso (el quince por ciento de la petrolera) pero lo reemplazaría por otro tipo de activo- fundamental para el desarrollo nacional- como son grandes autopistas de doble calzada, un número importante de túneles en regiones montañosas para acortar tiempo y distancias y otro tipo de obras prioritarias en el campo del transporte y movilidad tanto de personas como de mercancías.

Obviamente esta discusión tiene un alto componente ideológico por aquello del paradigma, según el cual los recursos naturales –especialmente del subsuelo- no solo deben pertenecer al estado, sino que además su explotación y aprovechamiento debe ser también monopolio del mismo. Experiencias de otras latitudes demuestran que la extracción y refinación del petróleo puede ser más eficiente y productiva en manos de empresas particulares, con la debida supervisión del Estado y retribuyéndole a éste cuantiosas sumas a través de diferentes tipos de impuestos y otras contribuciones tales como las regalías a las regiones donde se realiza la actividad de exploración y extracción.

Por otra parte, se afirma que si el gobierno va a exponer su capital político por una venta parcial y aún minoritaria, valdría más la pena que incurriera en este costo pero por una operación de verdadero impacto para sus finanzas. Quedarse a mitad de camino sería lo menos sensato.

Falta aún por determinar si el sector privado y especialmente el gremio de los ingenieros y demás profesiones vinculadas a los grandes proyectos, están en capacidad de asumir el reto que significa movilizar esa millonaria suma de recursos.